Andalucía ha iniciado formalmente la preparación de su segundo Plan de Capacitación Digital para el periodo 2027-2030. El Consejo de Gobierno ha aprobado este 22 de septiembre la formulación de la nueva estrategia, que pretende prolongar el trabajo realizado durante el primer plan y organizar la siguiente etapa alrededor de tres grandes ejes: ciudadanía e inclusión digital; profesionales, pymes, autónomos y emprendimiento; y capacitación del sector público junto con la transformación de los servicios digitales.
La decisión llega cuando el plan vigente se acerca a su cierre con una ejecución superior al 95% y más de 2,2 millones de participaciones acumuladas en acciones formativas. Ese volumen sitúa a la Junta ante un cambio de fase: pasar de ampliar cobertura a definir qué competencias deben consolidarse, cómo se mide su aplicación real y qué capacidades necesita la Administración para desplegar inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y servicios digitales más proactivos.
Es importante precisar el alcance de la noticia. Lo aprobado ahora es la formulación del nuevo plan, no el documento definitivo. La fase que se abre debe concretar objetivos, actuaciones, presupuesto, indicadores y mecanismos de seguimiento para el periodo 2027-2030.
Tres ejes para una política digital más amplia
La estructura anunciada divide el trabajo en tres ámbitos que responden a problemas diferentes. El primero se centra en ciudadanía, inclusión y colectivos prioritarios. El segundo aborda profesionales, empresas, autónomos y emprendimiento. El tercero se ocupa del propio sector público y de la transformación de los servicios.
Separar estos grupos evita tratar la competencia digital como una necesidad homogénea. Una persona que necesita aprender a utilizar identificación electrónica no tiene las mismas necesidades que una pyme que quiere incorporar analítica o una unidad administrativa que empieza a trabajar con IA generativa.
El diseño del plan debería mantener esa diferenciación también en los indicadores de impacto.
El primer plan deja una base de más de 2,2 millones de participaciones
La Junta comunicó este mes que el Plan de Capacitación Digital actualmente en ejecución supera los 2,2 millones de participaciones y acumula 36.017 acciones formativas. También registraba 1.398.915 finalizaciones con éxito y más de 292.000 visualizaciones o descargas de contenidos.
Ese balance, analizado en Digitalización Pública News, ofrece una línea base útil para el nuevo periodo.
La siguiente estrategia podrá comparar no solo volumen, sino permanencia de competencias, uso posterior y resultados en servicios o empresas.
Inclusión digital más allá del acceso a internet
El primer eje mantiene la inclusión como prioridad. La brecha digital actual no se explica únicamente por falta de conexión. También aparece en la capacidad para utilizar certificados, interpretar notificaciones, proteger una cuenta, adjuntar documentación o reconocer intentos de fraude.
El nuevo plan puede diferenciar niveles de autonomía y diseñar apoyos según necesidades reales.
Los colectivos con menor experiencia digital requieren canales presenciales y acompañamiento, no solo cursos online.
Servicios públicos cada vez más digitales exigen nuevas competencias
La extensión de carpetas ciudadanas, notificaciones electrónicas, aplicaciones sanitarias y sedes administrativas hace que las habilidades digitales condicionen el acceso efectivo a servicios públicos.
La evolución de Mi Carpeta Ciudadana muestra cómo el uso de canales digitales aumenta cuando la propuesta de valor es clara.
La capacitación debe ir acompañada de diseño sencillo. Formar al ciudadano no puede utilizarse para justificar trámites innecesariamente complejos.
Un segundo eje para profesionales, pymes y autónomos
La estrategia incluye explícitamente a profesionales, pymes, personas trabajadoras autónomas y emprendimiento. En este grupo, la competencia digital debe traducirse en productividad, seguridad y capacidad de adoptar tecnología.
Formaciones sobre facturación, comercio electrónico, datos, automatización o inteligencia artificial pueden generar impacto si están ligadas a problemas reales.
El reto será evitar cursos demasiado generales que expliquen conceptos sin ayudar a desplegar cambios concretos.
IA generativa como nueva competencia transversal
Entre 2027 y 2030 la inteligencia artificial dejará de ser una habilidad avanzada para convertirse en una competencia básica en numerosos puestos.
La formación debe incluir verificación de resultados, protección de datos, propiedad intelectual, seguridad y criterios para saber cuándo no utilizar una herramienta.
El Plan IA360 ya sitúa la gobernanza y el uso responsable entre las prioridades públicas.
Capacitación del sector público como tercer gran bloque
La novedad más estratégica del plan es que la formación interna aparece vinculada de forma directa a la mejora de los servicios digitales y a la transformación administrativa.
Los empleados públicos necesitan competencias diferentes según responsabilidad. Personal de atención, técnicos de procedimiento, responsables de contratación, juristas y equipos TIC no deberían recibir el mismo itinerario.
La formación puede organizarse por funciones y por nivel de impacto de las tecnologías utilizadas.
Directivos públicos y capacidad de decisión
El nivel directivo necesita comprender riesgos, costes, dependencia tecnológica y métricas. No es necesario que programe modelos, pero sí que pueda decidir si un proyecto aporta valor y qué controles exige.
Iniciativas como el ciclo catalán sobre IA y dirección estratégica muestran esta tendencia.
La capacitación directiva puede evitar que la tecnología se adopte únicamente por presión comercial o moda.
Ciberseguridad para ciudadanía, empresas y Administración
La seguridad debería atravesar los tres ejes. Ciudadanos necesitan reconocer fraudes; empresas deben proteger cuentas y copias; empleados públicos deben gestionar información y accesos con criterios institucionales.
El Threat Landscape 2026 de ENISA muestra que la ingeniería social, vulnerabilidades y cadena de suministro siguen generando incidentes relevantes.
La formación debe actualizarse con amenazas reales y no quedarse en recomendaciones genéricas.
Medir competencias antes y después
El nuevo plan tiene la oportunidad de mejorar la evaluación. Contar inscripciones y finalizaciones es necesario, pero no suficiente.
Una prueba inicial y otra posterior pueden medir mejora. Un seguimiento meses después permite saber si la competencia se mantiene.
En empresas, la evaluación puede comprobar si la formación derivó en nuevas prácticas; en el sector público, si cambió un proceso o disminuyeron errores.
Personas únicas frente a participaciones
Los balances de gran escala deben diferenciar personas únicas, participaciones y finalizaciones. Una misma persona puede completar varias actividades, algo positivo, pero diferente de ampliar cobertura.
Publicar estas métricas por separado facilita comparar ejercicios y territorios.
La transparencia metodológica también evita interpretar una cifra de actividad como si equivaliera automáticamente a población capacitada.
Cobertura territorial
Andalucía combina grandes áreas urbanas con municipios rurales y territorios con menor densidad. El acceso a formación debe analizarse por provincia, tamaño municipal y disponibilidad de centros.
Una estrategia híbrida puede combinar sesiones presenciales, recursos online y puntos de apoyo local.
La proximidad es especialmente importante para colectivos con menor autonomía digital.
Accesibilidad desde el diseño
Los materiales, plataformas y evaluaciones deben ser accesibles para personas con discapacidad. Subtítulos, navegación por teclado, lectores de pantalla, contraste y lenguaje claro son requisitos de calidad.
La accesibilidad también beneficia a usuarios con menor experiencia o que acceden desde dispositivos pequeños.
El nuevo plan puede exigir criterios comunes para todos los recursos financiados.
Contenidos reutilizables con licencia clara
Una parte de la inversión puede multiplicar su impacto si los materiales financiados por la Junta se publican con condiciones de reutilización transparentes.
Ayuntamientos, entidades sociales y centros de formación podrían adaptar cursos sin producirlos desde cero.
Los recursos deberían conservar fecha, versión y responsable para evitar que contenidos obsoletos sigan utilizándose.
Microcredenciales y reconocimiento
El periodo 2027-2030 puede incorporar mecanismos de acreditación más granulares. Las microcredenciales permiten demostrar una competencia concreta sin exigir programas largos.
Para que tengan valor, deben describir resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación, no solo horas de asistencia.
La interoperabilidad con credenciales europeas aumentaría su utilidad para movilidad laboral.
Formación ligada a simplificación administrativa
El personal público no debería aprender únicamente a utilizar nuevas aplicaciones. También necesita capacidades para revisar procedimientos, eliminar pasos y rediseñar servicios.
La experiencia de Canarias en simplificación administrativa muestra cómo tecnología y rediseño deben avanzar juntos.
Automatizar un procedimiento complejo sin cuestionarlo puede consolidar ineficiencias.
Comunidades de práctica dentro de la Junta
La formación produce más valor cuando las personas siguen compartiendo experiencias después del curso. Comunidades internas pueden documentar casos, errores y soluciones.
Este modelo ayuda a que el conocimiento no quede concentrado en equipos pequeños.
También permite que empleados con experiencia actúen como referentes para nuevas unidades.
Un cuadro de mando para 2027-2030
El plan definitivo debería publicar indicadores periódicos: personas únicas, finalizaciones, satisfacción, mejora de competencias, cobertura territorial, uso posterior y coste por actividad.
En el sector público pueden añadirse métricas sobre procesos mejorados o ahorro de tiempo.
Un cuadro de mando abierto permitiría evaluar la política durante su ejecución y no solo al final.
Financiación y sostenibilidad
La formulación deberá concretar cómo se financian las actuaciones. El primer plan se ha beneficiado de fondos europeos y otras líneas públicas.
Para el siguiente periodo será importante distinguir acciones temporales de capacidades que necesitan presupuesto estable.
Plataformas, equipos de soporte y actualización de contenidos no deberían depender únicamente de convocatorias puntuales.
Qué no significa el acuerdo del 22 de septiembre
El Consejo de Gobierno no ha aprobado todavía el plan definitivo ni una relación cerrada de actuaciones. Ha aprobado su formulación.
La siguiente fase deberá concretar diagnóstico, objetivos, gobernanza, financiación e indicadores.
Esta distinción es importante para no presentar como decidido lo que todavía está en elaboración.
Una segunda etapa con más exigencia de impacto
La primera gran expansión de capacitación ha generado escala. El reto entre 2027 y 2030 será demostrar transformación.
La ciudadanía debería realizar trámites con más autonomía, las empresas incorporar tecnología con mejores resultados y el sector público utilizar datos, IA y automatización con mayor capacidad de gobierno.
El éxito del segundo plan se medirá menos por el número bruto de cursos y más por la capacidad de convertir formación en cambios sostenibles.
Fuentes
El acuerdo de formulación fue comunicado tras el Consejo de Gobierno del 22 de septiembre de 2026 y recogido por Europa Press. Como contexto, la Junta ha publicado el balance del primer Plan de Capacitación Digital, que supera los 2,2 millones de participaciones.
La formulación abre ahora la oportunidad de utilizar la evidencia acumulada durante el primer ciclo para diseñar una política más segmentada, medible y conectada con la transformación real de los servicios públicos andaluces.
Un mapa de competencias para orientar la inversión
Antes de lanzar nuevas actividades, la Junta puede utilizar diagnósticos para saber qué capacidades faltan realmente en cada grupo. Esto evita diseñar una oferta basada únicamente en tendencias tecnológicas y permite priorizar habilidades con impacto directo sobre empleo, servicios o autonomía digital.
Los diagnósticos pueden combinar autoevaluación con pequeñas pruebas prácticas. La percepción que una persona tiene de su nivel no siempre coincide con su capacidad para resolver una tarea.
Un mapa territorial y sectorial de competencias ayudaría además a distribuir recursos de forma más precisa.
Formación para responsables de contratación pública
El sector público necesitará perfiles capaces de comprar tecnología con criterio. Los responsables de contratación deben comprender interoperabilidad, reversibilidad, seguridad y condiciones de datos aunque no sean especialistas técnicos.
Una mala cláusula contractual puede generar dependencia durante años. Por eso el plan puede incluir módulos específicos para quienes preparan pliegos o supervisan contratos digitales.
Esta capacitación conecta directamente con la transformación de servicios y no con una formación genérica en herramientas.
Evaluación independiente del plan
Una política de cuatro años puede beneficiarse de una evaluación intermedia realizada con criterios estables. Comparar objetivos, ejecución e impacto permite corregir actuaciones antes de 2030.
La evaluación debería distinguir qué programas consiguen llegar a nuevos participantes y cuáles profundizan competencias de personas ya formadas.
Publicar las conclusiones reforzaría la rendición de cuentas y facilitaría que otras administraciones reutilicen aprendizajes.
Actualizar contenidos sin rehacer todo el programa
Entre 2027 y 2030 cambiarán herramientas, amenazas y normas. Los materiales deberían diseñarse de forma modular para poder sustituir ejemplos sin reconstruir cursos completos.
Cada recurso puede incluir fecha de revisión, responsable y versión. Esta práctica evita que contenidos obsoletos sigan disponibles por inercia.
La capacidad de actualización será especialmente importante en IA, ciberseguridad e identidad digital.
Conectar capacitación con servicios concretos
La Junta puede vincular parte de la formación ciudadana a trámites de uso frecuente y medir si disminuyen errores, llamadas o necesidad de asistencia. En el caso de empleados públicos, puede hacer lo mismo con nuevas aplicaciones y procedimientos.
Esta conexión convierte la capacitación en una política de mejora del servicio, no únicamente educativa.
El nuevo plan tendrá más impacto si cada gran proyecto digital incorpora desde el principio la formación que necesitan usuarios y profesionales.
Fotografía: Kampus Production / Pexels.