El proyecto de Ley de Educación Digital de Galicia continúa su tramitación parlamentaria después de que el pleno del Parlamento rechazara el 22 de septiembre las enmiendas a la totalidad presentadas por PSdeG y BNG. El texto seguirá ahora el procedimiento legislativo, durante el que todavía pueden debatirse y modificarse artículos concretos.
La propuesta regula el uso de tecnología en los centros, derechos y deberes digitales, formación, comunicación con familias, utilización de dispositivos y un marco para la inteligencia artificial. El Gobierno gallego y el PPdeG defienden que el proyecto busca ordenar una realidad ya presente en las aulas y que ha contado con participación de órganos educativos. PSdeG y BNG cuestionan, entre otras cuestiones, el grado de diálogo previo, los recursos asociados y la gestión de experiencias digitales anteriores como E-Dixgal.
Al tratarse de una norma todavía en tramitación, las medidas descritas no deben presentarse como obligaciones definitivas. El contenido puede cambiar durante las fases parlamentarias posteriores.
Qué ocurrió el 22 de septiembre
El pleno debatió las enmiendas de devolución presentadas por los grupos de la oposición.
Al no prosperar, el proyecto continúa su recorrido.
Este resultado no equivale a la aprobación final de la ley.
Una norma específica para educación digital
La Xunta plantea un marco autonómico que reúna criterios sobre dispositivos, identidad, comunicaciones, derechos y nuevas tecnologías.
La regulación pretende ofrecer reglas comunes para los centros.
El desarrollo posterior será importante para concretar aspectos técnicos.
Seis ejes anunciados por el Gobierno gallego
La Xunta ha organizado el proyecto alrededor de varios bloques: uso de tecnología, relación con familias, derechos y deberes, protección del alumnado, formación y regulación de tecnologías emergentes.
Esta estructura busca cubrir tanto herramientas como comportamiento.
La aplicación práctica dependerá de protocolos y recursos.
Uso progresivo de tecnología según edad
El texto plantea un uso ajustado al desarrollo del alumnado.
Hasta quinto de Primaria se prevé un enfoque más colectivo y supervisado, con progresión posterior.
La norma busca combinar competencia digital y protección frente a usos excesivos.
Competencia digital en Secundaria
En ESO se refuerza la idea de competencia digital y pensamiento crítico.
Esto incluye aprender a buscar, verificar y utilizar información.
La llegada de IA generativa hace especialmente relevante la evaluación de fuentes.
Identidad digital corporativa
El proyecto contempla reforzar identidades y canales institucionales para alumnado, profesorado y familias.
Separar cuentas educativas de servicios personales puede mejorar seguridad.
La gestión de accesos debe incluir altas, bajas y recuperación.
Canales oficiales entre centro y familia
La comunicación digital necesita herramientas reconocibles y estables.
El objetivo es reducir dependencia de grupos informales o cuentas personales.
La accesibilidad debe considerarse para familias con menor competencia digital.
Derecho a la desconexión
El proyecto incorpora referencias a desconexión fuera del horario escolar.
El principio busca evitar que la disponibilidad permanente se convierta en expectativa.
Los centros necesitarán pautas claras sobre comunicaciones urgentes y ordinarias.
Grabaciones de clases y tutorías
El texto plantea que clases y tutorías no puedan grabarse o reproducirse sin autorización expresa.
La medida se relaciona con privacidad, imagen y contexto educativo.
Los centros deberán informar sobre excepciones y procedimientos cuando una grabación sea necesaria.
Uso de teléfonos móviles
La futura ley refuerza las restricciones ya aplicadas en centros gallegos.
También pretende dar cobertura a protocolos de retirada y custodia.
La gestión debe garantizar proporcionalidad y claridad para alumnado y familias.
Autoridad pública en el entorno digital
El proyecto extiende la protección de la autoridad docente a situaciones que ocurren en canales digitales vinculados al centro.
La educación ya no se limita al aula física.
Los protocolos deberán distinguir conflictos escolares de conductas externas.
Formación obligatoria cuando sea necesaria
El texto prevé capacitación para profesionales cuando determinadas tecnologías resulten esenciales para su función.
La formación debe adaptarse al puesto.
Un docente no necesita las mismas competencias que un administrador de sistemas.
IA en educación
La futura norma incorpora un marco para inteligencia artificial.
La posición defendida por el Gobierno gallego es que la IA pueda apoyar tareas sin sustituir el criterio profesional docente.
Este principio coincide con enfoques de supervisión humana utilizados en otras administraciones.
Supervisión humana
Una recomendación automática sobre aprendizaje no debería convertirse en decisión sin revisión.
Los docentes necesitan conocer las fuentes y limitaciones del sistema.
Asturias ha defendido también una IA bajo supervisión humana en su política regional.
IA generativa para preparar materiales
Los profesores pueden utilizar modelos para crear borradores o adaptar actividades.
El contenido debe revisarse antes de llegar al alumnado.
Las herramientas pueden inventar referencias o reproducir sesgos.
IA utilizada por estudiantes
Los centros necesitan reglas sobre cuándo está permitida y cómo debe declararse.
Las prohibiciones generales son difíciles de aplicar y pueden desplazar el uso fuera de la vista docente.
Los ejercicios pueden valorar proceso y defensa oral además del producto final.
Protección de datos de menores
Los servicios educativos manejan información especialmente sensible.
La selección de herramientas debe revisar condiciones de tratamiento y transferencias.
El reciente Encuentro Ibérico de Protección de Datos incluyó precisamente la protección de menores entre sus temas.
Verificación de edad
Algunos servicios externos establecen edades mínimas.
Los centros deben evitar soluciones que recojan más información de la necesaria.
La identidad digital educativa puede ayudar a gestionar accesos.
Datos de aprendizaje
Las plataformas registran actividad, calificaciones y progreso.
La normativa y los centros deben definir retención y acceso.
Los datos no deberían reutilizarse para fines incompatibles sin base.
Contratos con proveedores
La educación digital depende de software y servicios cloud.
Los contratos necesitan garantías de portabilidad, seguridad y continuidad.
La CNMC ha advertido sobre dependencia tecnológica en cloud público.
E-Dixgal en el debate político
Los grupos de oposición han utilizado la experiencia de E-Dixgal como parte de sus críticas al proyecto y a la estrategia digital previa.
El Gobierno gallego y el grupo que lo apoya defienden que la nueva ley incorpora aprendizaje acumulado y participación del sistema educativo.
Estas valoraciones forman parte del debate parlamentario y no constituyen por sí mismas una evaluación técnica independiente del programa.
Críticas de PSdeG
El PSdeG ha cuestionado el diálogo previo, la concreción de recursos y el enfoque del proyecto.
También ha reclamado una visión más amplia sobre innovación y equidad.
Las enmiendas parciales permitirán conocer qué cambios concretos propone.
Críticas del BNG
El BNG ha planteado objeciones sobre el proceso de elaboración y la estrategia tecnológica educativa.
El grupo ha pedido mayor participación de la comunidad educativa.
Sus propuestas podrán debatirse durante la tramitación artículo por artículo.
Posición del Gobierno gallego
La Xunta sostiene que ha existido participación y que el texto pretende proporcionar seguridad jurídica y un marco integral.
También defiende el uso equilibrado de tecnología y la protección del criterio docente.
La aplicación concreta dependerá de normas y recursos posteriores.
Participación del Consello Escolar
El proceso ha pasado por órganos consultivos del sistema educativo.
Las partes discrepan sobre si la participación ha sido suficiente.
El debate parlamentario puede introducir modificaciones adicionales.
Recursos presupuestarios
Una ley digital requiere inversión en dispositivos, redes, soporte y formación.
El texto normativo por sí solo no garantiza capacidad.
Los presupuestos anuales tendrán que concretar recursos.
Soporte técnico en centros
Los docentes no deberían asumir mantenimiento de infraestructura como carga adicional.
Los centros necesitan canales de soporte y tiempos de respuesta.
La disponibilidad de personal técnico condiciona la adopción.
Conectividad
Los servicios digitales requieren redes fiables.
Las diferencias territoriales pueden afectar experiencia.
Las escuelas rurales necesitan niveles de servicio equivalentes.
Accesibilidad
Las plataformas deben ser utilizables por alumnado con discapacidad.
Subtítulos, lectores de pantalla y navegación por teclado son requisitos básicos.
La evaluación de nuevas herramientas debería incluir accesibilidad.
Recursos educativos abiertos
Los contenidos digitales pueden publicarse con licencias reutilizables.
Esto facilita adaptación por docentes.
La actualización debe quedar documentada.
Competencias de familias
El proyecto contempla acciones de formación e información.
Las familias necesitan entender controles, riesgos y canales.
La brecha digital de adultos puede afectar al acompañamiento de menores.
Programas específicos sobre internet
La norma prevé reforzar acciones de capacitación.
Los contenidos deberían cubrir privacidad, fraude, redes sociales y desinformación.
La IA generativa añade nuevos riesgos y oportunidades.
Deepfakes y contenido sintético
El alumnado necesita herramientas para reconocer manipulación.
Las pautas europeas sobre contenido sintético ofrecen un contexto útil.
La competencia mediática se vuelve parte de la educación digital.
Ciberseguridad
Las cuentas educativas son objetivos de fraude y robo.
MFA, contraseñas y gestión de dispositivos deben formar parte de la estrategia.
Los centros necesitan protocolos de incidente.
Identidad y altas/bajas
Cuando un alumno cambia de centro, los permisos deben actualizarse.
Las cuentas inactivas no deberían mantenerse indefinidamente.
La automatización de ciclo de vida reduce riesgo.
Interoperabilidad de plataformas
Los datos académicos deben poder moverse entre sistemas autorizados.
Los formatos abiertos reducen dependencia.
La contratación debería exigir exportación y documentación.
Formación docente continua
Las herramientas cambian cada curso.
La formación necesita actualización frecuente.
Los itinerarios deberían diferenciar iniciación, uso pedagógico y gestión avanzada.
Evaluación del impacto de la ley
La futura norma puede incorporar indicadores sobre uso, competencia, incidencias y equidad.
Una evaluación periódica permitiría ajustar reglamentos.
La evidencia es especialmente importante en un ámbito tecnológico cambiante.
Qué ocurre ahora
El proyecto sigue su tramitación parlamentaria.
Los grupos pueden presentar y debatir enmiendas al articulado.
El texto final puede diferir del actualmente conocido.
Fuentes
El debate parlamentario del 22 de septiembre fue recogido por Quincemil / El Español y por Diario de Santiago.
La discusión continuará durante la tramitación. La lectura correcta en este momento es que Galicia está definiendo un nuevo marco de educación digital, pero su contenido definitivo aún no está cerrado.
Desarrollo reglamentario posterior
Incluso después de una eventual aprobación, parte de la aplicación de la ley dependerá de órdenes, protocolos e instrucciones. Estos instrumentos deberán concretar qué herramientas pueden utilizarse, cómo se gestionan dispositivos y qué formación resulta obligatoria.
La comunidad educativa necesitará calendarios suficientes para adaptarse antes de que entren en vigor cambios operativos relevantes.
Evaluación previa de herramientas de IA
La administración educativa puede crear una ficha estándar para revisar finalidad, proveedor, datos, edad mínima, accesibilidad y capacidad de exportación. Esta evaluación reduce la necesidad de que cada centro negocie individualmente con plataformas.
Una lista de herramientas autorizadas debería actualizarse cuando cambien condiciones o modelos.
Protocolo para incidencias con contenido sintético
Los centros pueden encontrarse con imágenes falsas, suplantaciones o audios manipulados entre alumnado. La respuesta necesita coordinar dirección, orientación, protección de datos y, cuando corresponda, autoridades externas.
Disponer de un protocolo previo reduce improvisación y ayuda a proteger a la persona afectada.
Garantizar alternativas no digitales
Las comunicaciones y actividades deberían contemplar familias o alumnos con dificultades de conectividad o dispositivos. La digitalización educativa no puede convertir una limitación económica en una barrera para participar.
Los centros pueden ofrecer equipos, espacios y canales alternativos según necesidad.
Auditoría de plataformas educativas
La Xunta puede revisar periódicamente disponibilidad, seguridad, tratamiento de datos y satisfacción de las principales plataformas. Un servicio que fue adecuado al contratarse puede dejar de serlo después de varias actualizaciones.
Publicar resultados agregados aumentaría transparencia y permitiría corregir contratos.
Indicadores de aprendizaje y bienestar
La evaluación de la ley debería observar no solo uso de dispositivos, sino competencia digital, resultados educativos, incidencias y percepción de alumnado y docentes.
Estos indicadores permitirían separar efectos tecnológicos de otros cambios del sistema educativo.
Calendario de implantación
Si la ley se aprueba, los centros necesitarán conocer qué medidas entran en vigor inmediatamente y cuáles requieren desarrollo posterior. Un calendario público ayudaría a planificar formación, contratos y cambios en normas internas.
Las obligaciones que dependan de nuevas herramientas deberían acompañarse de recursos y soporte antes de exigir su aplicación completa.
Memoria de evaluación normativa
La Xunta puede publicar periódicamente datos sobre incidencias, uso de dispositivos, formación y herramientas de IA autorizadas. Esta evaluación permitiría comprobar si la norma está resolviendo los problemas para los que fue diseñada.
La revisión basada en evidencia es especialmente importante en tecnología, donde las prácticas cambian más rápido que los ciclos legislativos.
Comunicación clara a las familias
Cualquier cambio sobre móviles, cuentas, grabaciones o IA debería explicarse con documentos sencillos y ejemplos. Una norma compleja pierde efectividad si familias y alumnado no saben qué está permitido, qué está prohibido y dónde consultar dudas.
Fotografía: Joaquin Reyes Ramos / Pexels.