El Foro Nacional sobre Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal ha concluido con la Declaración de Zamora, un texto abierto a la adhesión de los ayuntamientos.
La declaración sitúa la inteligencia artificial social como herramienta para autonomía personal, igualdad de oportunidades, participación y servicios públicos más accesibles, y propone medir su valor por la utilidad para la ciudadanía y la reducción de barreras.
Qué ha cambiado o qué ocurre ahora
El texto pretende convertir la accesibilidad y los derechos en criterios centrales de transformación tecnológica municipal, evitando valorar la innovación únicamente por incorporar tecnología.
La declaración surge tras dos jornadas con Administraciones, entidades de discapacidad, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.
Para las Administraciones Públicas, la relevancia de esta novedad no está solo en el anuncio. Su impacto depende de cómo se traduzca en procedimientos, responsabilidades, herramientas y decisiones concretas. Por eso conviene separar los principios generales de las obligaciones o capacidades operativas que realmente tendrán que gestionar los equipos públicos.
Por qué importa para la Administración
Un marco de principios puede ayudar a que los proyectos locales definan objetivos sociales antes de decidir herramientas o proveedores.
La transformación digital pública exige combinar tecnología con garantías. Eficiencia, accesibilidad, seguridad, transparencia y capacidad de revisión no son objetivos alternativos: deben diseñarse juntos para que el servicio sea sostenible.
Cuando una iniciativa afecta a varias entidades o niveles de gobierno, la coordinación se vuelve especialmente importante. Los marcos comunes pueden reducir duplicidades, pero necesitan suficiente flexibilidad para adaptarse a organizaciones con tamaños y capacidades muy distintas.
Impacto sobre ciudadanía y empleados públicos
El impacto principal se dirige a personas con discapacidad y ciudadanos que encuentran barreras en servicios presenciales o digitales.
La experiencia del usuario debería ser una métrica central. Un servicio puede cumplir técnicamente todos sus requisitos y seguir siendo difícil de utilizar. Pruebas con perfiles diversos, lenguaje claro y canales alternativos permiten detectar barreras antes de que se conviertan en exclusión.
Para los empleados públicos, la innovación también debe reducir carga y mejorar la calidad del trabajo. Si una herramienta genera demasiadas excepciones o necesita revisión constante, puede trasladar esfuerzo en lugar de ahorrarlo.
Datos, trazabilidad e interoperabilidad
Los proyectos que personalicen servicios deben evitar perfilar de manera invasiva a las personas y utilizar solo información necesaria.
Las Administraciones deberían conservar trazabilidad sobre qué información utiliza cada sistema, de dónde procede y cuándo se actualizó. Esta disciplina resulta esencial tanto para analítica como para inteligencia artificial, automatización o prestación proactiva de servicios.
La interoperabilidad facilita reutilización y reduce la necesidad de pedir varias veces la misma información. Sin embargo, compartir datos requiere también acuerdos semánticos, permisos y responsabilidades claras sobre calidad.
Seguridad y privacidad
La accesibilidad debe combinarse con mecanismos seguros de autenticación y protección, sin obligar a elegir entre facilidad de uso y seguridad.
La digitalización amplía la superficie de ataque y aumenta la dependencia de proveedores y servicios externos. Gestión de identidades, mínimo privilegio, monitorización, actualización y continuidad deben incorporarse desde el diseño.
Cuando existe información personal o sensible, la minimización debe ser una regla práctica: utilizar solo los datos necesarios para el objetivo y limitar su conservación y acceso.
Inteligencia artificial y supervisión humana
La declaración favorece una IA como apoyo para autonomía y acceso, pero el valor debe demostrarse con resultados y no con promesas.
La IA puede aportar capacidad de clasificación, búsqueda, generación o predicción, pero no debería sustituir automáticamente el juicio administrativo. La supervisión debe ser proporcional al impacto y permitir corregir errores de forma efectiva.
Los sistemas deberían evaluarse con conjuntos de prueba representativos y volver a probarse cuando cambien modelos, datos o configuraciones. La trazabilidad de versiones ayuda a detectar degradaciones y facilita auditorías.
Gobernanza y responsabilidades
La adhesión de municipios puede abrir la puerta a políticas locales, guías y criterios de contratación alineados con esos principios.
Una política pública digital necesita responsables funcionales, técnicos y jurídicos. También conviene definir quién aprueba cambios, quién responde ante incidentes y qué métricas se utilizan para decidir si una solución continúa, se amplía o se retira.
La gobernanza debe ser suficientemente ligera para no bloquear proyectos de bajo riesgo y suficientemente exigente para usos sensibles. Clasificar casos por impacto permite aplicar controles proporcionales.
Contratación pública y sostenibilidad tecnológica
Los compromisos pueden trasladarse a pliegos mediante pruebas de accesibilidad, consulta a usuarios y condiciones sobre transparencia.
Los contratos deberían exigir documentación, exportación de datos, APIs cuando sean necesarias, gestión de subcontratistas y condiciones de reversibilidad. La Administración debe poder continuar el servicio si cambia de proveedor.
En tecnologías que evolucionan rápido, conviene contratar capacidades y niveles de servicio más que una marca o versión específica. Esto facilita actualizaciones sin rehacer el proyecto completo.
Qué debería revisar ahora una entidad pública
- Identificar si la novedad afecta a sistemas o procesos existentes.
- Asignar un responsable que coordine la respuesta.
- Revisar datos, permisos y fuentes de información implicadas.
- Comprobar seguridad, privacidad y continuidad.
- Documentar el papel de cualquier automatización o IA.
- Definir supervisión humana y mecanismos de recurso.
- Actualizar contratos y requisitos técnicos cuando sea necesario.
- Formar a empleados públicos con ejemplos prácticos.
- Medir experiencia de ciudadanía y carga interna.
- Conservar evidencias y resultados para futuras revisiones.
Riesgos y límites
Una declaración voluntaria puede quedarse en un gesto si no se traduce en indicadores, presupuesto y responsabilidades.
Otro riesgo habitual es confundir cumplimiento formal con efectividad. Una política, guía o declaración puede crear una base útil, pero necesita convertirse en controles, procedimientos y métricas para producir cambios sostenibles.
También debe evitarse la automatización por inercia. No todo proceso mejora por añadir IA o una nueva plataforma. A veces la mejor transformación consiste en eliminar un paso, simplificar un formulario o reutilizar un dato ya disponible.
Qué pueden aprender otras Administraciones
El texto ofrece un punto de referencia común para municipios que quieran empezar a definir políticas de IA social.
La reutilización de aprendizaje puede producirse mediante guías, plantillas, estándares, modelos de datos, cláusulas de contratación o conjuntos de pruebas. Compartir estas piezas reduce el coste de que cada entidad empiece desde cero.
Qué habrá que observar a partir de ahora
Habrá que seguir cuántos ayuntamientos se adhieren y qué medidas concretas adoptan después de la adhesión.
La utilidad real se verá en la implementación. Será importante comprobar qué entidades adoptan las recomendaciones o herramientas, qué dificultades aparecen y qué métricas permiten demostrar mejoras. La transparencia sobre resultados facilitará que otros organismos aprendan de la experiencia.
Preguntas frecuentes
¿A quién afecta principalmente?
Ayuntamientos que decidan adherirse y, de forma indirecta, cualquier servicio local que incorpore IA.
¿Cuál es el objetivo principal?
Orientar la transformación tecnológica hacia accesibilidad, autonomía, igualdad y mejora de servicios.
¿Es una obligación o una recomendación?
La Declaración de Zamora es un compromiso de adhesión voluntaria, no una ley.
¿Qué debería hacer primero una Administración?
Identificar el impacto concreto sobre sus procesos y datos, asignar responsables y revisar si necesita cambios técnicos, organizativos o de formación.
Fuentes
La información principal procede de FEMP.
Lecturas relacionadas
Puede ampliarse contexto en nuestros análisis sobre ENS legible por máquina, IA en el sector público europeo, gobierno del dato y ciberseguridad local.
Cómo convertir Declaración de Zamora IA en una práctica operativa
El primer paso es identificar el punto exacto del ciclo administrativo en el que esta novedad tiene efecto. Puede ser una fase de atención, una decisión de acceso, una política de uso de IA, un proceso de formación o una obligación de seguridad. Describir ese punto de forma concreta evita respuestas genéricas que después resultan difíciles de implantar.
Después conviene elaborar una lista de actores: unidad responsable, área TIC, seguridad, protección de datos, contratación, asesoría jurídica y usuarios finales. No todos deben participar con la misma intensidad, pero cada uno necesita conocer qué cambia y qué decisión le corresponde.
La implantación debería acompañarse de una línea base. Antes de cambiar un proceso hay que medir tiempos, errores, incidencias o satisfacción. Sin una referencia previa, será difícil demostrar si la nueva práctica mejora realmente el servicio.
Documentación mínima que debería conservarse
Las Administraciones deberían mantener una ficha de cada iniciativa con finalidad, alcance, responsables, fuentes de datos, proveedores, controles, fecha de última revisión y métricas. Este inventario es especialmente útil cuando existen múltiples herramientas o pilotos distribuidos entre departamentos.
Si interviene IA, también conviene registrar modelo o servicio utilizado, versión, configuración relevante y conjuntos de prueba. Si intervienen estándares de interoperabilidad, deben documentarse perfiles, versiones y cualquier extensión local.
La documentación no debe convertirse en una carga desproporcionada. Su objetivo es que otra persona pueda entender el sistema, revisar una decisión y continuar el servicio si cambia el equipo o el proveedor.
Pruebas antes de producción
Las pruebas deberían cubrir funcionamiento normal y escenarios adversos. En un servicio de autorización, por ejemplo, deben probarse accesos permitidos, denegados y reglas contradictorias. En una herramienta de IA conviene incluir consultas ambiguas, información incompleta y casos fuera de alcance. En una política de accesibilidad deben participar usuarios con necesidades reales.
Los resultados deben registrarse y repetirse después de cambios importantes. Esta batería estable permite detectar regresiones y convierte la evaluación en un proceso continuo en lugar de una comprobación única antes del lanzamiento.
También resulta útil probar la reversibilidad: exportar datos, cambiar una configuración o sustituir un componente en un entorno controlado antes de que sea necesario hacerlo en una situación real.
Formación y comunicación interna
Una política digital solo funciona si las personas conocen cómo aplicarla. La formación debe ser específica para cada rol. Los empleados que atienden ciudadanía necesitan saber cómo explicar el sistema y gestionar excepciones; los perfiles técnicos deben comprender controles y dependencias; y los responsables necesitan interpretar métricas y riesgos.
Los materiales breves y actualizados suelen ser más útiles que manuales extensos que quedan obsoletos. Guías de una página, ejemplos y procedimientos de escalado pueden facilitar que la práctica se integre en el trabajo cotidiano.
También conviene crear un canal para dudas y reporte de problemas. Las primeras semanas de uso suelen revelar situaciones no previstas que deberían alimentar mejoras.
Medir impacto y no solo cumplimiento
Completar un formulario, aprobar una política o instalar una herramienta demuestra actividad, pero no necesariamente resultado. Los indicadores deben relacionarse con el objetivo real: reducción de incidentes, mejora de accesibilidad, mayor confianza, menos tiempo de trámite, mejor trazabilidad o menor dependencia tecnológica.
Las métricas cualitativas también importan. Entrevistas y pruebas de usuario pueden detectar problemas que no aparecen en estadísticas. En sistemas de IA, por ejemplo, un porcentaje de precisión alto puede ocultar errores graves en un grupo concreto de casos.
La combinación de indicadores técnicos, operativos y de experiencia permite decidir si la iniciativa debe ampliarse, ajustarse o retirarse.
Revisión periódica y gestión del cambio
Las normas, estándares y tecnologías evolucionan. Una práctica correcta en 2026 puede necesitar ajustes meses después. Por eso es recomendable definir una fecha de revisión y no esperar a que aparezca un incidente o una auditoría.
Los cambios deberían gestionarse con control de versiones y comunicación. Si una política de acceso cambia, los equipos necesitan saber qué reglas dejan de aplicarse. Si un modelo de IA se actualiza, deben repetirse pruebas relevantes. Si un proveedor modifica condiciones, la Administración debe evaluar su impacto.
Esta disciplina permite mantener el servicio alineado con objetivos y evita que la acumulación de pequeños cambios termine creando una arquitectura difícil de comprender.
Capacidad de salida y autonomía pública
La Administración debe poder continuar prestando el servicio aunque cambie una herramienta o un proveedor. Esto exige acceso a datos, documentación y configuraciones suficientes para migrar. En proyectos colaborativos o basados en estándares, la portabilidad es parte del valor estratégico.
La autonomía no significa desarrollar todo internamente. Significa conservar capacidad de decisión, supervisión y sustitución. Un servicio puede estar externalizado y seguir bien gobernado si las responsabilidades y derechos están claros.
Cooperación entre Administraciones
Muchas de estas novedades afectan a problemas comunes. Compartir guías, pruebas, cláusulas y experiencias puede reducir coste y acelerar aprendizaje. Las redes europeas, estatales y locales son especialmente útiles para identificar prácticas ya probadas.
La cooperación también ayuda a evitar que cada organismo interprete un estándar de manera distinta. Cuanto más común sea la infraestructura, mayor valor tiene acordar perfiles y procedimientos compartidos.
Conclusión
La Declaración de Zamora propone medir la IA municipal por su utilidad social y su capacidad para reducir barreras es relevante porque traslada un debate tecnológico a una cuestión de gestión pública. La clave no estará en adoptar una herramienta o una declaración, sino en convertirla en procesos comprensibles, medibles y revisables.
Las entidades que documenten, prueben, formen y midan de manera continua podrán aprovechar mejor la novedad y reducir el riesgo de que se convierta en un cambio meramente formal.
Fotografía: Jakub Pabis / Pexels.