El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz aprobó el 22 de septiembre de 2026 solicitar a la Dirección General del Catastro un nuevo encargo a SEGIPSA para dar continuidad a los trabajos de formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario durante el periodo 2026-2029. La previsión económica asciende a 1.482.796,66 euros, distribuidos entre cuatro ejercicios y asumidos por el propio OAR, según la información oficial publicada el 23 de septiembre.
Un nuevo encargo bajo el convenio vigente
El acuerdo del Consejo Rector no adjudica una licitación abierta. Lo aprobado es la propuesta para solicitar a la Dirección General del Catastro un nuevo encargo a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), al amparo del convenio actualmente vigente.
El OAR justifica la continuidad por la demanda municipal de estos trabajos y su relación con la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La cuantía prevista, 1,48 millones, cubre los cuatro ejercicios comprendidos entre 2026 y 2029.
La nota no publica un reparto anual del importe ni un catálogo técnico detallado de actuaciones por municipio. Por tanto, la cifra debe entenderse como previsión global del nuevo encargo solicitado.
El dato catastral afecta directamente al IBI
La gestión catastral no es solo una cuestión registral. Los datos sobre inmuebles alimentan la gestión tributaria local y pueden modificar el valor catastral utilizado para calcular el IBI.
El OAR también informó de su colaboración con la Gerencia del Catastro en los expedientes CAMA, destinados a actualizar los datos catastrales de inmuebles rústicos cuando se producen cambios en cultivos o aprovechamientos derivados de solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común.
Esas modificaciones pueden repercutir en el padrón del IBI rústico y en la cuota tributaria. Tras la notificación de los correspondientes acuerdos por Catastro, el OAR prevé comenzar a notificar las liquidaciones de 2026 a finales de septiembre.
Implicaciones para los ayuntamientos
Para los municipios de la provincia, el encargo mantiene una capacidad compartida de gestión catastral financiada por el OAR. El modelo evita que cada ayuntamiento tenga que asumir individualmente estos trabajos y centraliza la relación operativa con Catastro y SEGIPSA.
Desde el punto de vista de datos públicos, la calidad y actualización de la información catastral tiene efectos administrativos y económicos concretos. Cambios de uso, superficie o aprovechamiento deben trasladarse correctamente a los sistemas para que las liquidaciones tributarias utilicen información vigente.
La provincia ya impulsa otros proyectos basados en información pública, como el Centro Demostrador de Agroindustria de Badajoz. En otras administraciones, HAL en Aragón aborda reutilización de datos, mientras Europa desarrolla un panel de conjuntos de alto valor y avanza en el principio once-only.
Próximos pasos
El acuerdo aprobado es todavía la propuesta de solicitud del nuevo encargo. La siguiente fase corresponde a la tramitación con la Dirección General del Catastro dentro del convenio vigente.
En paralelo, los expedientes CAMA seguirán generando actualizaciones de datos rústicos y el OAR prevé iniciar a finales de septiembre las liquidaciones de 2026 derivadas de los acuerdos que vaya notificando Catastro. Esa secuencia será el primer impacto visible para los municipios y contribuyentes afectados.
Fotografía: ahmed ismail / Pexels.